«Lo que deseábamos, y que las Fuerzas Armadas están de acuerdo totalmente, es que, quien quiera ser militar, no puede disputar un cargo político y después volver al comando», explicó el ministro ante los medios, según el portal de noticias G1.
Según Múcio, hubo un largo diálogo durante meses con los militares para llevar a cabo la propuesta, y finalmente el gobierno cedió en un punto importante: no prohibirá que los militares sean ministros.
El veto tampoco afectaría a los agentes de la Policía Militar, ya que dependen de los gobiernos de los estados, por lo que el gobierno federal no tiene poder para impedir su participación en comicios.
Durante el mandato del presidente Jair Bolsonaro (2019-23) muchos militares dieron el salto a la política, y la politización de las Fuerzas Armadas y la Policía Militar es uno de los problemas a los que ahora se enfrenta el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
Para sacar adelante la prohibición se necesita modificar la Constitución, por lo que el gobierno tendrá que conseguir una amplia mayoría en el Congreso Nacional.
Se precisa el apoyo de tres quintos de los parlamentarios y dos votaciones favorables, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
En Diputados existe un grupo de trabajo conformado para analizar esos cambios en la legislación electoral, y se prevé que presente y vote el dictamen el próximo miércoles.
El grupo fue creado la semana pasada y, para que los cambios sean válidos para las elecciones municipales de 2024, la minireforma debe estar sancionada antes del 5 de octubre.
En la audiencia pública de hoy, el relator de la minireforma, el diputado Rubens Pereira Júnior (PT), explicó que el objetivo del proyecto es realizar ajustes a la legislación electoral para mejorar el proceso.
“No queremos hacer grandes cambios, sino pequeños ajustes que traigan grandes aportes. Ya tenemos texto para casi todas las propuestas; nuestra tarea será unificarlas”, afirmó en una entrevista con TV Cámara, recogida por la estatal Agencia Brasil.
Para Pereira, deben abordarse temas como la federación de partidos, la propaganda electoral, la rendición de cuentas electoral, la inelegibilidad, el financiamiento de campañas y la violencia política contra las mujeres.
